La Asamblea Legislativa capitalina aprobó por unanimidad la Ley de Accesibilidad de la Ciudad de México, que obliga a constructoras, dependencias, edificadores y transporte público a crear infraestructura para personas con discapacidad.
El diputado promovente, José Manuel Ballesteros López, aseguró que esa legislación garantiza en la Ciudad de México la accesibilidad al entorno físico, a las edificaciones, a los espacios públicos, a la información en las comunicaciones -incluidos los sistemas-, a las tecnologías de la información y al transporte.
De acuerdo con Fidel Pérez de León, director general del Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, en la capital hay 500 mil personas en esa situación, de las que 92 por ciento son mayores de 18 años.
El legislador perredista planteó que quienes habitan y transitan en la ciudad tienen obligación de coadyuvar en la protección y garantía del disfrute pleno de los derechos de ese segmento poblacional.
“Debemos de ser sensibles ante el hecho de que ese grupo de personas tiene la enorme necesidad de contar con una accesibilidad adecuada y la debida libertad de movimiento.
“Para ello resulta imperante llevar a cabo los ajustes razonables necesarios con el propósito primordial de que gocen de una vida digna y de calidad”, señaló.
La ley estipula la señalización táctil y visual con el Símbolo Internacional de Accesibilidad que deberá utilizarse para identificar lugares específicos como directorios, planos de localización, sanitarios accesibles, elevadores, escaleras o rampas de acceso.
El diputado aseveró que la capital del país debe mantenerse como referente trascendental en la elaboración de leyes progresistas que han sido punta de lanza no sólo en materia nacional, sino incluso en materia internacional en el marco de los derechos humanos.
Además, los espacios públicos destinados a la recreación, paseos, jardines, parques públicos y demás de naturaleza análoga, deberán contar con rutas accesibles para facilitar la movilidad de las personas con discapacidad y movilidad limitada.
En la ley se señala que todos los establecimientos mercantiles y de servicios financieros en la Ciudad de México deberán contar con espacios accesibles para adultos mayores y embarazadas, contemplando las ayudas técnicas y ajustes razonables que deberán ser exclusivos o prioritarios en su uso para esa población.
En materia de rutas peatonales en la vía pública se establecen medidas de seguridad para que las personas puedan transitar en condiciones de inclusión y confianza.